En el ámbito del derecho contractual español, uno de los argumentos defensivos más invocados por los deudores es la “exceptio non adimpleti contractus”, es decir, la facultad de no cumplir una obligación si la otra parte no ha cumplido con la suya. Pero ¿es suficiente alegar un incumplimiento para evitar el pago? Una reciente sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Coslada aclara esta cuestión de forma contundente.
El caso: impago por presunto incumplimiento en contrato de servicios
La controversia surge de un contrato de mantenimiento eléctrico firmado entre dos empresas. La parte demandante, tras emitir cuatro facturas por importe de 4.267,78€, inició un procedimiento monitorio por impago. La parte demandada alegó que los servicios no se prestaron correctamente y resolvió el contrato. Además, interpuso demanda reconvencional reclamando 992,20€ por los costes de reparación con una nueva empresa.
La clave del fallo: la carga de la prueba
El tribunal fue claro: no basta con alegar el incumplimiento, es imprescindible acreditarlo debidamente. La prueba presentada por la parte demandante, incluyendo informes técnicos y una declaración testifical imparcial de un antiguo gerente, fue determinante. En cambio, el testimonio del trabajador de la nueva empresa fue considerado irrelevante.
Artículos clave:
- • Artículo 217 LEC: quien alega debe probar.
- • Artículos 1.091 y 1.124 CC: cumplimiento de obligaciones contractuales.
¿Por qué no prosperó la ‘exceptio’?
Porque no se demostró un incumplimiento por parte del proveedor de servicios. Ni hubo prueba de defectos, ni se justificó la necesidad de ajuste del precio, por lo que tampoco se admitió la “exceptio non rite adimpleti contractus”.
Consecuencias jurídicas
El juzgado estimó íntegramente la demanda principal, condenando al deudor al pago de la deuda, intereses y costas procesales. La reconvención fue totalmente desestimada.
Conclusión: rigor probatorio y estrategia jurídica
Esta sentencia refuerza un principio fundamental del derecho procesal civil: sin prueba, no hay exoneración de obligaciones. El uso indebido de la exceptio como simple herramienta defensiva, sin sustento probatorio, puede volverse en contra del deudor.
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