Una medida que refuerza los derechos de los propietarios frente a la ocupación ilegal

Nuevo criterio judicial: cortar suministros en viviendas ocupadas no es delito de coacciones

La Audiencia Provincial de Barcelona ha establecido que los propietarios de viviendas ocupadas ilegalmente pueden suspender o dejar de pagar los suministros básicos (agua, luz, gas) sin que esta acción sea considerada un delito de coacciones . Este acuerdo unifica criterios en todos los juzgados y tribunales de la provincia de Barcelona y representa un avance significativo en la protección de los derechos de los arrendadores.

¿Qué implica este nuevo criterio para los propietarios?

Hasta ahora, cortar los suministros en una vivienda ocupada podía ser interpretado como una coacción, lo que generaba inseguridad jurídica para los propietarios. Con esta nueva resolución, se reconoce que el propietario no está obligado a mantener o pagar los suministros en un inmueble ocupado ilegalmente, siempre que no se utilicen métodos violentos o intimidatorios para desalojar a los ocupantes .

¿Cómo afecta esto a los arrendadores?

Este cambio judicial proporciona a los arrendadores una herramienta adicional para gestionar situaciones de ocupación ilegal:

  • Reducción de costes: al no estar obligados a sufragar los gastos de suministros, los propietarios pueden minimizar las pérdidas económicas derivadas de la ocupación.
  • Mayor seguridad jurídica: la unificación de criterios evita interpretaciones dispares y proporciona claridad en la actuación de los propietarios.
  • Facilitación de procesos legales: al eliminar la posibilidad de ser acusados de coacciones por cortar suministros, los propietarios pueden centrarse en los procedimientos legales adecuados para recuperar su propiedad.

¿Qué precauciones deben tomar los propietarios?

Aunque esta resolución es favorable para los propietarios, es fundamental actuar dentro del marco legal:

  • Evitar acciones extrajudiciales: no se deben emplear métodos de presión o intimidación para desalojar a los ocupantes.
  • Seguir los procedimientos legales: es recomendable iniciar los procesos judiciales correspondientes para recuperar la posesión del inmueble.
  • Asesorarse legalmente: contar con el apoyo de un abogado especializado en derecho inmobiliario puede garantizar que las acciones emprendidas se ajusten a la legalidad vigente.

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